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La mayoría de los problemas normativos de la filosofía, sobre todo en el ámbito de la ética y la epistemología, encuentran su origen en el pensamiento antiguo. El problema de la agencia humana, en el orden de la causalidad natural, lo abordan los primeros pensadores desde la filosofía de la naturaleza, lo cual con el tratamiento que recibe desde la tragedia, alcanza un desarrollo importante en Aristóteles y los estoicos. Las nociones de necesidad, destino y libertad son capitales en las discusiones éticas sobre responsabilidad moral. Por otro lado, para hablar de imputación e intención, la filosofía antigua ofrece fuentes valiosas sobre teoría de la acción, lo que involucra la evaluación de los factores cognitivos y desiderativos que determinan la decisión del agente. Además de ofrecer antecedentes importantes desde la ética y la epistemología, la revisión de fuentes antiguas es fundamental para rastrear la importancia que tiene los conceptos centrales como el de suerte, causalidad, error y certeza en teorías actuales. A su vez, desde fines del siglo XX y principios de XXI nuevas preguntas vinculadas a la responsabilidad y la agencia han sido abordadas desde la perspectiva de la naciente área de la neuroética, surgida de los avances exponenciales en la neurociencia de los últimos 30 años. Uno de los objetivos centrales de esta área es la reflexión sobre la base neurobiológica de nuestras capacidades éticas, como el razonamiento moral y la toma de decisiones. En este contexto han sido centrales las consideraciones sobre la relación entre el uso de intervenciones tecnológicas para tratar desórdenes psiquiátricos y la autonomía o la agencia. Por ejemplo, se han considerado las implicaciones de prótesis neuronales implantadas en sujetos que, por medio de estimulación cerebral profunda, permitirían tratar condiciones psiquiátricas como el desorden de depresión o el desorden obsesivo compulsivo. Esto implica un dilema relacionado con la autonomía en la medida en que, por un lado, estas prótesis permiten que algunos sujetos recuperen su capacidad de tomar decisiones y actuar libremente; pero, por otro lado, al depender esta capacidad de un dispositivo externo, se puede poner en duda si las acciones de estos sujetos les son propias (y por lo tanto si el sujeto es responsable de las mismas) o si dependen del (y son estructuradas por el) dispositivo hasta el punto de minar la autonomía y la agencia.

El avance de la automatización de las actividades que antes eran desarrolladas por humanos lleva a preguntarse quién es el “autor” de un determinado hecho, pues no resulta simple adscribir un resultado a la conducta de uno o más sujetos. Las actuales categorías de responsabilidad están construidas sobre la base de una intervención más o menos directa del agente en los hechos que motivan el juicio, si bien a lo largo de los siglos se ha avanzado mucho desde el Derecho romano, en que se exigía una intervención “cuerpo a cuerpo”, lo cierto es que los sistemas automatizados y, en especial, la inteligencia artificial, suponen un paso más allá, que todavía no se ha dado. Un claro ejemplo de esto es el problema relativo a los accidentes provocados por automóviles de conducción autónoma, ¿quién debe responder por ellos? El fabricante, el programador, el propietario, quien lo puso en movimiento o nadie, porque lo consideraremos un infortunio que debe ser asumido por la víctima. Esta situación se torna aún más compleja cuando se trata de otro de tipo de casos, como es la posibilidad de que las decisiones judiciales queden entregadas a sistemas de inteligencia artificial con algoritmos creados por empresas ajenas al sistema.

En lo que atañe directamente a la sociedad chilena, un cambio importante en esta materia deriva de las expectativas que la población tiene respecto al rol del Estado en la protección de sus intereses, con la consecuente atribución de responsabilidad a las entidades estatales cuando dichas expectativas se ven frustradas. Esto es palmario cuando se analiza el aumento de las demandas en contra del Estado por falta de servicio a raíz de hechos que antes se consideraban simplemente infortunios, como son las muertes o lesiones al interior de hospitales (responsabilidad médica) y las muertes o destrozos a raíz de desastres naturales, como es el caso del 27F o la pandemia de Covid-19. A esto pueden sumarse casos en que cuestiona la reacción de la autoridad frente a la actuación de los ciudadanos, como son todas las lesiones y detenciones sufridas por los manifestantes a raíz del “estallido social” de 2019. Todos esos casos hacen necesario revisitar los conceptos sobre los cuales se funda la responsabilidad del Estado, lo que exige necesariamente un estudio interdisciplinar al interior de las ciencias jurídicas, junto con el análisis filosófico acerca de las razones por las cuales el Estado debe (y puede) responder por los daños sufridos por los ciudadanos.

Una serie de avances tecnológicos han provocado que los medios de prueba hayan mutado y que sea preciso repensar cuál es el peso que debe serles reconocido. El más vistoso, probablemente, sea la prueba de ADN. Sin embargo, es altamente probable que, por ejemplo, fenómenos como el Big Data cambien aún más el actual escenario. Así, por ejemplo, el uso de lo que se conoce como las máximas de la experiencia —que, en cierto sentido, corresponde a un sentido común refinado con un nivel bajo de justificación— tenderá a ser puesto en tela de juicio, pues se contará con datos mucho más duros acerca de cómo la mayoría de las personas reaccionan frente a ciertos estímulos. El asunto, por cierto, no termina ahí. En los tiempos que corren, los sujetos nos encontramos mucho más alertas frente a sesgos provenientes de formas ancestrales o recientes de relacionarnos. Uno de ellos tiene que ver con la credibilidad que se asigna al testimonio de las mujeres. Se trata de un problema que se origina no solo en la falta de información acerca de si el género es una variable epistémicamente relevante, sino también, en nuestras concepciones morales acerca de cómo debiésemos tratarnos en el marco de un proceso judicial.